Resumen: Desestima el recurso y confirma la sentencia que declaró la pérdida sobrevenida de objeto del desahucio, por la entrega de la posesión de la vivienda y condenó al pago de las rentas debidas. En primer lugar, impugna la condena en costas tras la entrega de la posesión, razonando que aun cuando se ejercitan dos acciones acumuladas el pleito es único, de tal manera que habrá lugar o no a la aplicación del criterio del vencimiento objetivo previsto en el art. 394 de la LEC dependiendo del acogimiento total o no de la pretensión actora, que además en el caso tuvo lugar. El hecho de que el local de negocio objeto del procedimiento fuera entregado a la parte actora no determina que se altere la naturaleza y clase del procedimiento, que tiene por objeto la resolución del contrato de arrendamiento y desalojo de inmueble, de manera que la fecha de interposición, admisión y requerimiento de esta demanda el demandado todavía no había dejado a disposición de la actora el local. En segundo lugar, pretende aplicar la normativa COVID, rechazando dicha pretensión dado que la situación de pandemia por lo que respecta a la apertura del local no significó ninguna alteración sustancial en la explotación del negocio arrendado, es más así se mantuvo hasta que seis meses más tarde se ofrecieron las llaves a la actora. Resulta innecesario reequilibrar la equivalencia de las prestaciones en este caso.
Resumen: Se estima parcialmente el recurso contencioso planteado contra la Orden autonómica por la que se dictan instrucciones generales sobre la innecesariedad de someter algunas actuaciones a calificación urbanística con el fin de agilizar y facilitar la implantación de actividades propias del medio rural. Se plantea toda una serie de cambios de profundo calado en el régimen del suelo no urbanizable de protección y en el urbanizable no sectorizado, incompatible con la normativa urbanística, no nos encontramos ante una instrucción u orden de servicio que un superior jerárquico de la Administración dirija a sus inferiores en uso de su potestad de autoorganización. La Orden vincula a terceros ajenos al ámbito administrativo y no existe habilitación normativa para su dictado, existe una clara vocación de generalidad en la disposición impugnada y, por ello, se ha incurrido en la causa de nulidad de pleno derecho. Como se solicita la anulación de otros actos, lo que constituye un claro supuesto de desviación procesal, ya que no se derivan directamente de la declaración de nulidad de la Orden, procederá la estimación parcial de la demanda, declarando la nulidad de la Orden impugnada pero no accediendo al resto de peticiones contenidas en el suplico de la misma.
Resumen: CONDUCCIÓN SIN LICENCIA O PERMISO (L.O. 15/2007)
Resumen: Se estima parcialmente el recurso contencioso planteado contra la Orden autonómica por la que se dictan instrucciones generales sobre la innecesariedad de someter algunas actuaciones a calificación urbanística con el fin de agilizar y facilitar la implantación de actividades propias del medio rural. Se plantea toda una serie de cambios de profundo calado en el régimen del suelo no urbanizable de protección y en el urbanizable no sectorizado, incompatible con la normativa urbanística, no nos encontramos ante una instrucción u orden de servicio que un superior jerárquico de la Administración dirija a sus inferiores en uso de su potestad de autoorganización. La Orden vincula a terceros ajenos al ámbito administrativo y no existe habilitación normativa para su dictado, existe una clara vocación de generalidad en la disposición impugnada y, por ello, se ha incurrido en la causa de nulidad de pleno derecho. Como se solicita la anulación de otros actos, lo que constituye un claro supuesto de desviación procesal, ya que no se derivan directamente de la declaración de nulidad de la Orden, procederá la estimación parcial de la demanda, declarando la nulidad de la Orden impugnada pero no accediendo al resto de peticiones contenidas en el suplico de la misma.
